Los rectores apuestan por una reválida similar a la selectividad

La reválida, la nueva prueba de acceso a la universidad que comienza este curso 2016-17, no será tan distinta de la recién terminada selectividad. Así lo ha manifestado el presidente de la CRUE (Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas), Segundo Píriz, tras la Asamblea General celebrada esta semana en la Universidad de Santiago de Compostela.El representante de los rectores explicó que la nueva prueba se regulará a nivel estatal, pero serán las comunidades las que tengan la competencia para organizarla con una calificación de 0 a 10. Además el Gobierno deja libertad a las universidades para realizar pruebas adicionales por si quieren asemejar esta reválida a la selectividad, en la que puede puntuarse hasta 14 para subir nota.

Por este motivo, Píriz ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a profesores, estudiantes y sus familias, destacando que se está haciendo todo lo posible para que la nueva prueba de acceso sea lo más parecida posible a la actual PAU.

Decreto 3+2

Otro de los temas destacados que se abordó en la reunión fue el decreto de títulos 3+2, que obliga a los grados a reducir su duración de cuatro a tres años.

Sobre este asunto, el presidente de la CRUE señaló que la Asamblea ha acordado solicitar al gobierno que sea ágil en la definición de la duración de las titulaciones universitarias, ya que es “necesario tener claro cómo ordenar los títulos el año que viene”. La propuesta que emana del pleno es que todos los grados anteriores a la adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior se mantengan en formato de cuatro años, incluidas las biomédicas y las ingenierías, salvo las que tienen una regulación específica.

Los estudiantes se oponen al 3+2 y a la reválida

Los estudiantes universitarios son contrarios, al igual que los rectores, a la entrada en vigor de la reducción de los Grados de 4 a 3 años y lo han hecho público en numerosas ocasiones mediante la convocatoria de varias huelgas en la educación. También mediante comunicados al Ministerio de Educación en la que explicaban que “en la Universidad hace varios años que sufrimos los efectos del aumento de hasta el 66% de las tasas, al mismo tiempo que se ha venido produciendo una considerable reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas. Estas medidas ya han provocado la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, pero su carrera por destruir la Universidad Pública continúa a toda prisa para poder llegar lo más lejos posible en sus planes elitizadores antes de que les echemos de la Moncloa. El cambio fundamental radica en que los actuales grados, que constan de cuatro años pasarán a tres. Según explica el borrador del decreto estos tendrán un carácter “básico” y “generalista”, es decir que no serán suficientes para adquirir la cualificación necesaria para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral como abogado, periodista, ingeniero, enfermero… Para obtener esa cualificación “especializada” – según el texto del decreto – será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, con el correspondiente desembolso económico”.

Por este motivo se muestran rotundos y afirman que “para obtener un título válido en el mercado laboral habrá que pagar dos años de máster a precios inasumibles para la mayoría” y ponen como ejemplo los precios actuales de los masters que se ofertan en universidades públicas. El coste, por ejemplo, de los masters de un año en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. A partir de la entrada en vigor del nuevo decreto tendremos que afrontar el pago de dos años de máster que pueden oscilar entre 8000 y 14000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido en el mercado laboral.